Antecedentes

PROCORREDOR se basa en el Memorando de Entendimiento relativo a las orientaciones plurianuales para la puesta en práctica de la cooperación comunitaria, suscrito entre el Gobierno de Honduras y la Unión Europea en 2001. El Memorando estableció que la gestión ambiental y el ordenamiento territorial son tareas de todas las instancias del gobierno y de la sociedad civil y que debe dirigirse un esfuerzo importante a la ejecución de programas descentralizados para la recuperación de ecosistemas y unidades de conservación degradadas en zonas estratégicas.

Estableció, además, como objetivos el uso eficiente y de forma integral y sostenible de las tierras y los recursos naturales de la zona y la mejora del suministro de agua potable y saneamiento básico para poblaciones rurales o urbanas que se encuentran en una situación de pobreza y que están asentadas en las cuencas o microcuencas seleccionadas.

En 2006 se llevó a cabo una misión de identificación del proyecto, en la cual se prepararon los elementos centrales del mismo. Sus resultados fueron socializados en un taller interinstitucional bajo involucramiento de las autoridades ministeriales y jerarcas de otras instituciones nacionales ligadas al medio ambiente, los recursos naturales, el ordenamiento territorial y la tenencia de la tierra.

Los insumos de la misión constituyeron la base para las Disposiciones Técnicas y Administrativas (DTA) de PROCORREDOR, como elemento central del convenio de financiación para el diseño del proyecto.

El Convenio de Financiación entre la Comunidad Europea y la República de Honduras (Convenio nº ALA/2006/018-324) firmado en 2006 regula la realización del proyecto, los aportes y responsabilidades de las partes.

En el convenio se establece a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) como Beneficiario del proyecto y responsable de su ejecución, la cual es delegada a una entidad gestora del proyecto.

Tanto en el diseño inicial del proyecto como en su afinamiento a través del Plan Operativo Global (POG), este ha sido consultado con las instituciones nacionales del sector, particularmente SERNA y AFE-COHDEFOR, con el INA e IP, con otros proyectos de cooperación internacional en el sector, y con un gran número de actores locales y regionales, entre los cuales cabe destacar a gobiernos municipales y mancomunidades, REHDES, REMBLAH, AGAA, ODECO, entre otros. En todas estas instancias fue visible el respaldo de las instituciones y organizaciones a la propuesta, y la concordancia con las políticas públicas en materia de reducción de la pobreza, medio ambiente y biodiversidad, con equidad de género.